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Identifican riesgos en nuevo proyecto de adenda del contrato de concesión Majes Siguas II

Como resultado del análisis al proyecto de Adenda N° 13 del contrato de concesión del Proyecto Especial Majes Siguas – Segunda Etapa, la Contraloría General comunicó al Gobierno Regional de Arequipa diversos riesgos sobre los cuales se deben adoptar medidas que salvaguarden la finalidad y la efectividad del proyecto teniendo en cuenta que se trata de una obra de irrigación cofinanciada por el Estado.

Como se recuerda, el “Contrato de Concesión para la Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento Hídrico y de Infraestructura para Irrigación de las Pampas de Siguas” demanda una inversión de US$ 550 millones (primera y segunda fase), donde el Estado aportará US$ 282 millones (primera fase).

De acuerdo al Informe Previo N° 069-2021-CG/APP-APP, emitido y publicado por la Contraloría General, solo una de las tres causales presentadas por el Gobierno Regional de Arequipa es válida para sustentar la modificación del contrato de concesión del Proyecto Especial Majes Siguas. Se trata de los efectos del cambio climático, el mismo que califica como nueva circunstancia, toda vez que su impacto no era previsible por las partes en la fecha cierre del contrato de la Asociación Público Privada (APP).

Sin perjuicio de ello, y en el marco de sus competencias, el Gobierno Regional Arequipa debe cautelar el cabal cumplimiento de las causales que habilitan a la modificación del contrato de concesión, a fin de que no se generen precedentes que a futuro pudieran conllevar a una transferencia de riesgos en desmedro del Estado.

En tal sentido, es responsabilidad del concedente que se respete la asignación de riesgos del contrato de concesión, los cuales incluyen factores climatológicos que fueron conocidos y aceptados por las partes oportunamente y que podrán ser materia de control simultáneo y posterior, según corresponda, por parte de la Contraloría General.

Cláusula Anticorrupción
De acuerdo al análisis del proyecto de Adenda N° 13, en caso de generarse actos de corrupción durante la ejecución del contrato de concesión se activaría la Cláusula Anticorrupción, resolviéndose el contrato, sin embargo, se evidencia que no se penalizaría al concesionario por el posible perjuicio ocasionado al Estado que genera la caducidad de concesión, perdiéndose así el efecto disuasivo que debe tener la penalidad.

Ante ello, se recomienda al Gobierno Regional de Arequipa que, en su calidad de concedente, evalúe la pertinencia de incluir la imposición de una penalidad en la Cláusula Anticorrupción, la misma que sería cobrada por el Estado peruano en caso de resolución del contrato, conforme a las buenas prácticas establecidas en los Lineamientos para el Diseño de Contratos de Asociaciones Público Privadas, emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

De suscribirse tal como está proyectada la Adenda N° 13, existen los siguientes riesgos: que el concesionario no pague la penalidad por los posibles daños causados en caso de resolución de contrato por actos de corrupción; se concreten pagos al concesionario por los Certificados de Avance de Obra por Inversión Adicional emitidos pese a existir obras inconclusas; recibir una menor compensación de daños y perjuicios de ejecutarse la garantía de fiel cumplimiento; y que se paralicen las obras nuevas de la primera fase por falta de entrega del control del proyecto.

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