El Ministerio Público ha dispuesto la ampliación del plazo de la investigación preliminar contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto. Esto por un periodo adicional de sesenta (60) días. La investigación se centra en la presunta comisión del delito contra la administración pública de concusión.
El caso está relacionado con el uso de asesores como una «fábrica de trolls» para mejorar la imagen del legislador. Además del presunto cobro de pagos mensuales de los trabajadores del despacho por concepto de publicidad.
El documento fiscal indica que se han iniciado acciones para recabar información adicional, solicitando al Congreso de la República la relación del personal de confianza que laboró con Alejandro Soto durante su periodo como vocero de Alianza para el Progreso de julio de 2022 a julio de 2023. Además, se solicita la precisión de las planillas de remuneración de los trabajadores y la citación de los mismos para brindar su declaración testimonial ante la Fiscalía de la Nación.
El requerimiento también destaca la solicitud de información sobre la denuncia que el presidente del Congreso presentó contra los trabajadores de su despacho. Esto en relación con la denuncia difundida inicialmente en el programa Cuarto Poder.
