La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción reveló que Alberto Fujimori mantiene una deuda pendiente de aproximadamente 57 millones de soles en concepto de reparación civil. Esta deuda surge de tres casos por los cuales fue sentenciado.
Incluyendo cargos como usurpación de funciones, homicidio calificado con alevosía y secuestro, peculado y falsedad ideológica, corrupción y espionaje.
Esta cantidad aumentó debido a los intereses acumulados por no pagarlos. Los hechos involucran el allanamiento irregular a la vivienda de Vladimiro Montesinos, la compra irregular de Cable Canal y el pago de la compensación por tiempo de servicios a su exasesor.
A pesar de la excarcelación otorgada por el Tribunal Constitucional, esta medida no exime a Fujimori de saldar la deuda pendiente con el Estado.
Sin embargo, el cobro de esta suma no es factible mediante la incautación de su pensión vitalicia. Puesto que el expresidente desistió de su pensión del Congreso y no posee bienes registrados a su nombre susceptibles de embargo.
Además, la Procuraduría remarcó que el Ministerio Público debe garantizar la presencia del procesado en el territorio nacional respecto a los casos pendientes de extradición.
