El Poder Ejecutivo aprobó un decreto legislativo que propone la baja de teléfonos celulares utilizados para realizar extorsiones. Esta medida busca reducir la incidencia del delito de extorsión en el país.
El decreto contempla la posibilidad de solicitar la baja de estos números telefónicos a las empresas operadora. Ya sea de oficio o a solicitud de diversas entidades, incluyendo el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario, el Poder Judicial o el Ministerio Público. La medida se aplicaría cuando se detecte que dichas líneas telefónicas hayan sido utilizadas para promover, facilitar o consumar el delito de extorsión.
El decreto también establece responsabilidades legales para las operadoras telefónicas, relacionadas con la identificación y registro de los abonados. Así como del personal involucrado en la contratación de servicios.
También se incorpora en el Código Penal un nuevo artículo, el 222-D. El cual sanciona la posesión ilegítima de dispositivos telefónicos con el fin de adulterar, reemplazar, duplicar o modificar su código IMEI. Además, se valida la identidad de los titulares de nuevas contrataciones de números telefónicos mediante verificación biométrica con el Reniec y la Dirección Nacional de Migraciones.
