La crisis ambiental que afecta al Centro Poblado de Umachulco, en el distrito de Cayarani, sigue intensificándose. En respuesta a la grave contaminación de aguas provocada por el cierre deficiente de la mina Poracota, operada por la empresa Buenaventura, el alcalde John Uracahua Condori convocó a una reunión de la plataforma de desarrollo local. En este encuentro, se planteó la urgencia de declarar en emergencia la zona debido a los riesgos para la salud y el medio ambiente. La contaminación de las aguas provenientes de la quebrada Huamanihuayta y el río Sora ha sido señalada como un problema persistente desde 2024, cuando los pobladores denunciaron el vertimiento de aguas con metales pesados como sulfatos, aluminio, manganeso, hierro y cobalto.
El 16 de diciembre de 2024, se acordó que el 23 de enero de 2025, se presentaría un plan de intervención urgente por parte de la OEFA y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para abordar la situación de la Unidad Minera Poracota. Sin embargo, debido a la falta de respuesta concreta, las autoridades locales y los pobladores decidieron dar un ultimátum de 72 horas para que el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, se presente en Cayarani. De no cumplirse este plazo, los representantes del Centro Poblado Umachulco anunciaron que iniciarán una paralización como medida de presión.
Solicitarán estado de emergencia
Por su parte, la consejera Natividad Taco Cueva informó que se gestionará la declaración de emergencia ambiental y social para las provincias de Castilla y Condesuyos, las cuales también se han visto afectadas por el afloramiento de aguas contaminadas. Taco destacó que, además de Cayarani y Umachulco, las aguas con metales pesados se han desplazado hasta el distrito de Andagua, debido a la temporada de lluvias que activa las quebradas contaminadas. Esta situación, aseguró la consejera, ha agravado aún más el problema de salud y ambiental en toda la región.
Taco Cueva también anunció que solicitará informes técnicos a diversas instituciones, como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la OEFA, el Ministerio de Salud (MINSA) y el Ministerio de Energía y Minas (MINAN) para evaluar el impacto de las operaciones mineras de Buenaventura y Hochschild en la zona. La consejera no descartó exigir sanciones severas, además de multas y medidas de mitigación para resarcir a las familias afectadas, que han sufrido por la contaminación del agua y la muerte de camélidos.
