La Fiscalía Provincial Mixta de La Unión logró que se dicte una condena de prisión efectiva de un año y once meses contra un ciudadano que incumplió reiteradamente sus obligaciones alimentarias, así como las reglas de conducta impuestas por el Poder Judicial. La medida fue solicitada por el fiscal adjunto al provincial, tras constatarse que el sentenciado no cumplió con los requerimientos judiciales previamente establecidos.
El individuo había sido condenado anteriormente por el delito de omisión a la asistencia familiar. En dicha sentencia, se le ordenó pagar una suma superior a los cinco mil soles, distribuidos en cuotas mensuales, además de presentarse periódicamente ante el juzgado para informar sobre sus actividades. Sin embargo, desatendió estas condiciones, lo que motivó una nueva acción legal por parte del Ministerio Público.
En octubre de 2023, se le impuso una pena de prisión suspendida, sujeta al cumplimiento de ciertas obligaciones, entre ellas, el pago de la reparación civil y de las pensiones devengadas. Pese a la advertencia del juzgado en enero de 2025, donde se le otorgó un plazo para ponerse al día con la deuda, el procesado no regularizó la situación dentro del tiempo establecido.
Ante estos hechos, la Fiscalía solicitó al Juzgado la revocación de la pena suspendida, amparándose en el artículo 59 del Código Penal. El Juzgado aceptó la solicitud y ordenó ubicar al sentenciado para internarlo en el penal que determine el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con lo cual se hará efectiva la pena privativa de libertad impuesta originalmente.
