El colapso del puente ubicado en el sector de Uchumayo ha generado cuestionamientos sobre la supervisión y mantenimiento de la infraestructura vial concesionada en la región. El consejero regional Osias Ortiz, quien preside la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional de Arequipa, calificó el hecho como grave y advirtió que la situación podría derivar en sanciones económicas, denuncias penales e incluso la cancelación del contrato de concesión.
Según explicó la autoridad regional, el puente se encuentra bajo responsabilidad de la empresa Concesionaria Vial del Sur S.A., entidad encargada de supervisar permanentemente el estado de la infraestructura y ejecutar trabajos de mantenimiento preventivo. Sin embargo, Ortiz cuestionó que la concesionaria solo haya difundido un comunicado anunciando el cierre del puente tras el incidente. A su juicio, esta reacción resulta insuficiente y podría interpretarse como un intento de deslindar responsabilidades frente a un problema mayor.
En ese contexto, el consejero indicó que el contrato de concesión contempla sanciones que podrían ir desde multas menores hasta montos que superan los 1000 UIT, es decir, más de cinco millones de soles, dependiendo del nivel de incumplimiento que determinen las autoridades competentes. Además, recordó que la empresa debía presentar informes técnicos periódicos sobre el estado de puentes y carreteras antes del inicio de la temporada de lluvias, documentación que debía remitirse al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Por ello, Ortiz exhortó a los congresistas por Arequipa a impulsar un proceso de fiscalización que permita verificar si la concesionaria cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato. En caso se confirme la ausencia de reportes técnicos o deficiencias en el mantenimiento de la infraestructura, se estaría ante una falta grave por incumplimiento contractual, lo que abriría la puerta a sanciones administrativas y otras acciones legales.
El consejero señaló que la empresa concesionaria tiene la responsabilidad de reparar o reconstruir la infraestructura dañada. Asimismo, planteó que, si no se concreta una eventual resolución del contrato, las autoridades podrían evaluar modificaciones mediante adendas que permitan fortalecer los mecanismos de control y garantizar una mejor supervisión del servicio vial en la región.
