Los congresistas Patricia Chirinos y Jorge Montoya dieron el primer paso para que todo manifestante detenido durante una movilización violenta sea procesado por los delitos de terrorismo.
Chirinos de Avanza País exige que se agregue al artículo del Decreto Ley 25475 lo siguiente:
«El que durante manifestaciones, aprovechándose de este, ataque destruya, desmantele, incendie o atente contra comisarías, hospitales, dependencias policiales o militares, aeropuertos. Así como también el que atente contra la integridad física, libertad, cuerpo y salud, secuestre, golpee, o producto de estos hechos cause la muerte de servidores públicos, autoridades, agentes de las fuerzas armadas, policía nacional, bomberos, será considerado como un acto de terrorismo y será sancionado con pena privativa de no menor a 30 años de cárcel».
Jorge Montoya agrega que los atentados contra los activos críticos nacionales, sedes diplomáticas y actividades económicas de cualquier clase también sean considerados como actos terroristas.
Para el abogado Luis Lamas Puccio, las actividades vinculadas con el terrorismo tienen un amplio espectro, pero no por eso están vinculadas con actos de protestas.
Ambos parlamentarios insisten en la misma figura, y creen que la condena no debe ser menor a los 30 años de cárcel.
Con información de Gestión.
