Después de varios años de investigación y un proceso judicial considerado de alta complejidad, el Poder Judicial condenó a 22 personas involucradas en los violentos enfrentamientos ocurridos en junio de 2022 en el distrito de Ático, provincia de Caravelí. Los hechos, relacionados con una disputa por el control de zonas de actividad minera, dejaron un saldo de 14 personas fallecidas y varios heridos, convirtiéndose en uno de los episodios más graves de violencia registrados en la región Arequipa en los últimos años.
La decisión fue emitida por el Colegiado Penal de Camaná tras evaluar una amplia cantidad de pruebas presentadas durante el juicio oral, que se inició en septiembre de 2025. Según la acusación fiscal, los enfrentamientos se produjeron en medio de un conflicto entre grupos vinculados a actividades mineras en la zona de Huanaquita. Durante el proceso se analizaron testimonios, peritajes especializados, documentos, registros digitales y otros elementos que permitieron determinar distintos grados de participación en los hechos investigados.
Como resultado del juicio, los magistrados impusieron penas efectivas de hasta 12 años de prisión para varios de los sentenciados, al considerar acreditada su responsabilidad en delitos como homicidio, tentativa de homicidio, usurpación agravada y tenencia ilegal de armas de fuego. Asimismo, otros involucrados recibieron condenas menores de prisión efectiva, mientras que en casos específicos se aplicaron sanciones suspendidas de acuerdo con las condiciones establecidas por la legislación vigente.
Por otro lado, el tribunal descartó algunas de las acusaciones planteadas inicialmente por el Ministerio Público, entre ellas las relacionadas con presuntos delitos de banda criminal y tenencia de explosivos. Además, el tribunal dictó la absolución de algunos procesados. Por otro lado, la Fiscalía optó por retirar una de las acusaciones al concluir que las pruebas presentadas no permitían sostener la responsabilidad penal atribuida, conforme al principio de objetividad.
Este proceso judicial también destacó por la magnitud de la investigación y el número de involucrados. De hecho, antes de la culminación del juicio oral, otros 17 implicados ya habían recibido sentencia mediante mecanismos de conclusión anticipada. Con la reciente decisión judicial, se cierra una de las etapas más importantes de este caso, aunque el Ministerio Público anunció que analizará los fundamentos completos de la sentencia para determinar si corresponde presentar recursos de apelación en algunos extremos del fallo.
