El Ministerio Público inició 17 investigaciones preliminares en Arequipa a raíz de hechos registrados durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Las diligencias están relacionadas con presuntos delitos electorales y se desarrollan en distintas provincias de la región. De acuerdo con la información fiscal, nueve casos están a cargo de la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de Arequipa, seis corresponden a la Fiscalía Mixta de Condesuyos y los otros dos fueron asumidos por fiscalías de Camaná e Islay.
La jornada también dejó ocho personas detenidas en flagrancia por la Policía Nacional. Dos intervenciones ocurrieron el sábado 3 de octubre en la provincia de Camaná, por un presunto caso de propaganda electoral durante el periodo de prohibición. Al día siguiente, otras seis personas fueron detenidas en el distrito de Río Grande, en Condesuyos, por un presunto caso de publicidad indebida. Estos hechos forman parte de las actuaciones que ahora serán evaluadas por las fiscalías correspondientes.
En Arequipa, el despliegue incluyó a 255 fiscales, de los cuales 204 fueron asignados a la provincia capital. El personal permaneció en alerta desde el sábado 3 de octubre hasta un día después de las elecciones y realizó acciones de prevención y control en los locales de votación. Entre ellas estuvieron la revisión del material electoral, los operativos para verificar el cumplimiento de la ley seca, el retiro de propaganda prohibida en los alrededores de los centros educativos y el seguimiento de incidencias reportadas durante los comicios.
RENIEC Y FISCALÍA
Además, la Fiscalía reforzó su presencia en zonas consideradas de atención prioritaria. 24 fiscales fueron destinados a Quequeña, Yarabamba y Mollebaya, mientras que el equipo de coordinación territorial monitoreó situaciones en Camaná, Islay, Caravelí y Condesuyos. Este seguimiento también comprendió los lugares donde Reniec verificó el domicilio electoral de ciudadanos restituidos a sus anteriores locales de votación; en total, 3.282 electores de Arequipa fueron incluidos en este proceso de restitución.
El trabajo fiscal se desarrolló junto con organismos electorales, la Defensoría, la Policía Nacional y el Ejército, además de las oficinas descentralizadas de procesos electorales. En ese contexto, la Fiscalía de Prevención del Delito mantuvo coordinaciones para anticipar posibles conflictos y atender denuncias durante la jornada. De los 17 casos abiertos, seis están vinculados presuntamente con propaganda electoral en los alrededores de locales de votación; los demás comprenden hechos relacionados con expendio de bebidas alcohólicas, impedimento del derecho al voto y presunta discriminación. Las investigaciones determinarán las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.
