Arequipa propone cambios para identificar a extranjeros procesados

Autoridades de Arequipa impulsan un acuerdo nacional para mejorar la identificación de extranjeros procesados y sentenciados y prevenir suplantaciones.

Instituciones del sistema de justicia buscan establecer un acuerdo nacional que permita verificar la identidad de ciudadanos extranjeros investigados o sentenciados. La iniciativa apunta a prevenir suplantaciones, fortalecer las investigaciones penales y evitar que las fallas en la identificación faciliten situaciones de impunidad.

Las dificultades para identificar a ciudadanos extranjeros involucrados en procesos penales llevaron a las principales instituciones del sistema de justicia de Arequipa a plantear una propuesta de alcance nacional. La iniciativa busca establecer mecanismos más efectivos para verificar la identidad de quienes afrontan investigaciones o cumplen condenas en el país, especialmente cuando no cuentan con documentos o presentan documentación irregular.

Esta situación representa un problema para las autoridades, ya que una identidad no verificada puede afectar el desarrollo de las investigaciones, los procesos judiciales y el cumplimiento de las sentencias. Además, abre la posibilidad de que algunas personas suplanten la identidad de otras y eviten responder ante la justicia. Por ello, las instituciones consideran necesario mejorar los procedimientos de identificación y establecer criterios de actuación conjunta.

Como parte de este trabajo, el lunes 16 de noviembre de 2026, representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Instituto Nacional Penitenciario, Defensa Pública y Defensoría del Pueblo se reunieron en Arequipa para consolidar los aportes recogidos en tres mesas de trabajo. El encuentro estuvo liderado por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Nicolás Iscarra Pongo, junto con representantes de las demás entidades involucradas.

Tras evaluar las propuestas, las autoridades acordaron impulsar un Acuerdo Concertado Interinstitucional de alcance nacional, que será presentado a las máximas autoridades del Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, INPE, Migraciones y Defensa Pública. La Defensoría del Pueblo participará como garante de este proceso, con el propósito de promover compromisos coordinados entre las instituciones