«Yo espero que la presidenta no utilice esta declaratoria para lavarse la cara», exclamó la congresista Diana González. Lejos de ellos anunciaba un proceso de recesión que evidente estuvo en desacuerdo porque significaba atentar contra derechos constitucionales y además contra el derecho al trabajo. A la par se enfatizó la importancia de buscar soluciones basadas en evidencia y no en medidas reactivas o populistas.
La parlamentaria González considera que la declaratoria de emergencia atenta contra derechos constitucionales, incluyendo el derecho al trabajo. Afirmó que la medida no ha tenido el efecto deseado en algunos distritos de Lima y el norte del país en la reducción de la criminalidad, tal como lo reconoció el propio Ejecutivo en enero de 2024. La congresita criticó: «La falta de diálogo con las autoridades locales y la población durante el proceso de toma de decisión».
La declaratoria de estado de emergencia en Arequipa se solicitó en febrero de 2024 en respuesta al aumento de la inseguridad ciudadana. La medida ha generado controversia y ha sido criticada por diversos sectores de la sociedad civil. González ha propuesto que se busquen alternativas para abordar la problemática de la inseguridad en la provincia.
La postura de la Congresista Diana González reflejó la preocupación de muchos ciudadanos arequipeños por el impacto negativo de la declaratoria de estado de emergencia en la ciudad blanca. Su llamado a un diálogo abierto es un aporte importante para el debate sobre la seguridad ciudadana en Arequipa.
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