Aumenta el plazo de prisión preventiva para Elmer Cáceres Llica

El exgobernador regional seguirá en prisión mientras avanza la investigación sobre su presunta organización criminal.

El fiscal provincial Arturo Valencia Paiva, del Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, ha conseguido que se amplíe el plazo de prisión preventiva contra Elmer Cáceres Llica. Este exgobernador está siendo investigado por presuntamente liderar una organización criminal conocida como “Los Hijos del Cóndor”. Con esta nueva decisión, Cáceres Llica permanecerá en el penal por seis meses más mientras se desarrollan las diligencias de la investigación.

La investigación en curso aborda varios delitos graves, entre los que se encuentran la organización criminal, cohecho pasivo y activo, así como el peculado por la apropiación de terrenos del Estado. Se alega que el exgobernador utilizó asociaciones agroindustriales y de vivienda para entregar terrenos públicos a terceros. Además, la medida de prisión preventiva también se ha extendido para Marcelo Córdova Monroy, exgerente de Autodema, quien ha estado en prisión por 36 meses.

El fiscal Valencia Paiva ha declarado que presentará un recurso de apelación para que el plazo de prisión preventiva se amplíe a 12 meses. Esto se debe a que aún quedan importantes actos de investigación por realizar, como pericias fonéticas y análisis forenses digitales de equipos incautados, que son cruciales para esclarecer los hechos.

Exfuncionarios

Por otro lado, la exconsejera Jeymi Natividad Flores Quicana, el exfuncionario Napoleón Segundo Ocsa Flores y el dirigente Mario Jacobo Jacobo se enfrentarán a la investigación en comparecencia con restricciones. Esto se debe a que su participación activa en las diligencias y la entrega de documentación relevante han reducido el riesgo de fuga.

Las investigaciones apuntan a que Cáceres Llica habría sobornado a consejeros regionales, ofreciéndoles obras, beneficios económicos y terrenos a cambio de su apoyo incondicional. Se sostiene que la exautoridad utilizó intermediarios para facilitar estos acuerdos y garantizar que no se fiscalizara su gestión, evitando así cualquier tipo de control sobre su administración en el Gobierno Regional de Arequipa.