Exigen al Congreso ampliación de la reducción de IGV del 8%

La medida busca extender la vigencia de beneficios fiscales para hoteles, restaurantes y otras empresas afectadas por la crisis sanitaria y social.

Los representantes de las pequeñas y microempresas del sector turístico de Arequipa, especialmente en el área de la hotelería y restaurantes, se han dirigido a la población para hacer un llamado urgente al gobierno y al Congreso. La crisis generada por la pandemia ha tenido un impacto devastador en el sector, afectando gravemente la movilidad y el consumo, lo que resultó en una disminución significativa en los ingresos de miles de pequeñas empresas.

En respuesta a esta situación, el Gobierno Central promulgó la Ley N° 31556 el 12 de agosto de 2021, con el objetivo de apoyar la reactivación económica de micro y pequeñas empresas en sectores clave como hoteles y restaurantes. Esta ley implementó una reducción del Impuesto General a las Ventas (IGV) del 18% al 8%, con la intención de incentivar la creación de empleo y contribuir a la recuperación de la economía. Sin embargo, los empresarios locales han señalado que la vigencia de esta medida, que finaliza el 31 de diciembre de 2024, podría no ser suficiente para garantizar una recuperación completa.

Reactivación

Teresa Rubina, representante de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Arequipa, expresó que, aunque las pequeñas empresas han comenzado a reactivarse, con nuevos esfuerzos para mantenerse a flote, la situación sigue siendo incierta. Muchos han contraído deudas confiando en que las medidas de reactivación económica tendrían un impacto positivo, pero la persistente inseguridad social y otros factores externos han dificultado la recuperación. Rubina subraya que, sin la extensión de la ley, muchas empresas corren el riesgo de caer en insolvencia.

Los empresarios de la región hacen un llamado a las autoridades competentes, especialmente a los congresistas de las comisiones de Comercio Exterior y Turismo, y de Economía, Banca y Finanzas, para que reconsideren el plazo de vigencia de la ley. Solicitan que se amplíe por un período adicional de dos años, con el fin de asegurar que se cumplan los objetivos de reactivación económica y empleo en la región.