Con el propósito de fortalecer la protección de los derechos de niñas y adolescentes, el Consejo Regional de Arequipa aprobó una ordenanza que crea la Mesa Regional para la Prevención y Atención de los Matrimonios y Uniones Infantiles Tempranas y Forzadas. Esta nueva instancia buscará coordinar esfuerzos entre diversas instituciones para prevenir situaciones que ponen en riesgo el desarrollo, la educación y el bienestar de menores de edad.
La medida surge en un contexto que evidencia la persistencia de esta problemática pese a los avances legislativos alcanzados en el país. Durante la sesión de aprobación, se informó que entre los años 2017 y 2022 se registraron más de dos mil matrimonios de adolescentes en Arequipa. Lo más preocupante es que la gran mayoría de estos casos involucró a adolescentes que contrajeron matrimonio con personas adultas, una situación que refleja la vulnerabilidad que aún enfrentan muchos menores de edad.
Si bien la legislación nacional actualmente prohíbe el matrimonio infantil, las autoridades advirtieron que continúan registrándose convivencias y uniones tempranas fuera del marco legal. A ello se suma la preocupación por los casos de embarazo adolescente que todavía se reportan en la región. Solo durante el 2025 se contabilizaron más de 300 casos, mientras que en los primeros meses de este año ya se han registrado más de 160, siendo Majes-El Pedregal una de las jurisdicciones con mayor incidencia.
Frente a este escenario, la nueva mesa regional tendrá la misión de promover estrategias de prevención, protección y restitución de derechos, además de fortalecer la coordinación entre los sectores de Educación, Salud y otras entidades vinculadas a la atención de niñas, niños y adolescentes. La finalidad es generar respuestas más efectivas que permitan intervenir de manera oportuna ante situaciones de riesgo.
Con esta decisión, las autoridades regionales buscan impulsar acciones concretas para reducir el embarazo adolescente, prevenir las uniones tempranas y erradicar prácticas que limitan el proyecto de vida de miles de menores. Asimismo, se apunta a combatir la tolerancia social que aún persiste en algunos sectores frente a las convivencias forzadas entre adolescentes y personas adultas, promoviendo una cultura de respeto y protección integral de los derechos de la infancia y adolescencia.
