Tras los enfrentamientos del 11 de julio entre mineros informales y efectivos de la Policía Nacional en la Carretera Panamericana Sur, el Poder Judicial resolvió no dictar prisión preventiva contra los ocho detenidos, como había solicitado la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Caravelí. En cambio, se dispuso comparecencia con restricciones durante nueve meses, medida que obliga a los investigados a cumplir una serie de reglas mientras continúa la investigación en su contra.
Los ciudadanos involucrados, identificados con las iniciales J.S.Q., J.N.C., I.O.S., V.E.C., M.Q.CH., G.M.A., J.M.Z. y C.T.H., deberán asistir puntualmente a todas las diligencias ordenadas por el Ministerio Público, no podrán cambiar de domicilio sin previa autorización del juzgado, y están prohibidos de participar en protestas o actos similares a los que originaron su detención. De incumplir alguna de estas condiciones, la Fiscalía podrá solicitar nuevamente su prisión preventiva.
Adicionalmente, se impuso una caución económica individual como garantía para asegurar su participación en el proceso. Según lo dispuesto, las sumas van desde S/ 2,000 hasta S/ 15,000, de acuerdo al nivel de implicancia y los criterios establecidos por el juzgado. El monto más alto fue fijado para J.M.Z., mientras que otros implicados deberán pagar entre S/ 5,000 y S/ 10,000.
Durante la audiencia, la fiscal adjunta Yolanda Martínez presentó una serie de elementos que, según la Fiscalía, sustentan la existencia de indicios graves, actas de detención, informes técnicos de la PNP, imágenes captadas por drones y certificados médico legales de los policías heridos. También argumentó que los investigados no cuentan con arraigo laboral ni familiar, lo que en su opinión justificaba una medida más severa. Pese a ello, el juzgado optó por una medida menos gravosa.
