Diversas comunidades campesinas en la región Arequipa han manifestado su firme oposición a la Ley 32293, una norma que, según indican, abre la puerta al despojo de sus tierras comunales. Los dirigentes aseguran que la ley no garantiza protección efectiva sobre sus títulos de propiedad y temen que esta situación afecte gravemente su derecho al territorio, base fundamental de su subsistencia.
“En primer lugar, esta ley es un atentado contra nuestros derechos y nuestra forma de vida. Además, no permitiremos que se nos despoje de nuestras tierras sin luchar”, declaró Carmen Vera, vocera de los comuneros de la provincia de Castilla. A partir de esta postura, los representantes de las comunidades señalan que no han sido consultados adecuadamente. Asimismo, advierten que la norma facilita que terceros accedan a tierras comunales mediante procesos que consideran poco transparentes.
A raíz de esta preocupación, los comuneros han iniciado jornadas de protesta y movilización en distintas zonas de la región. A través de estas acciones, han solicitado que el gobierno derogue la norma y han pedido una intervención directa de entidades como COFOPRI, a quienes exigen respeto a sus títulos de propiedad y mayor fiscalización para evitar cualquier intento de expropiación sin consentimiento.
Las comunidades advierten que la tierra no solo representa un bien material, sino también un elemento central en su cultura, identidad y economía. Perder sus territorios, afirman, significaría romper con sus raíces y comprometer su capacidad de sostener a las futuras generaciones.
El rechazo a la Ley 32293 se mantiene firme. Las comunidades han expresado que seguirán organizadas y vigilantes, exigiendo la defensa de sus derechos territoriales. Además, aseguran que no cesarán en su demanda hasta obtener garantías plenas sobre la protección de sus territorios.
