Una visita sorpresa a diversas entidades encargadas de recibir a sentenciados con prestación de servicios comunitarios permitió detectar serias fallas en el cumplimiento de estas penas. La diligencia estuvo liderada por el juez decano de Flagrancia Delictiva, Walter Marroquín Aranzamendi, junto al presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Nicolás Iscarra Pongo, quienes iniciaron la verificación desde muy temprano.
El equipo de la Unidad de Flagrancia, en coordinación con personal del programa de Medio Libre del INPE, recorrió los puntos de trabajo asignados en las municipalidades de Cayma, Alto Selva Alegre, Miraflores y Mariano Melgar. Durante la inspección solo encontraron a sentenciados realizando labores comunitarias en Alto Selva Alegre, donde se evidenció además un deficiente sistema de control que no permitía un registro claro de asistencia y horas trabajadas.
En los otros tres municipios no se halló a los sentenciados que, según el rol oficial, debían estar cumpliendo sus tareas. Esta ausencia dejó en evidencia importantes brechas de supervisión por parte del INPE y un posible incumplimiento de los mandatos judiciales, lo que generó preocupación dentro del equipo inspector.
Frente a estas irregularidades, el juez coordinador de la Unidad de Flagrancia solicitará informes escritos al programa de Medio Libre para que el Ministerio Público evalúe acciones, incluida la posible revocatoria de penas convertidas por penas efectivas. A su vez, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa anunció que estos operativos continuarán de manera permanente para asegurar el respeto a las resoluciones judiciales y el resarcimiento del daño causado a la sociedad.
