Una intervención reciente en la provincia de Caravelí encendió las alertas sobre el avance de ocupaciones informales en terrenos del Estado. Durante las acciones de campo, equipos técnicos realizaron inspecciones en distintos puntos y encontraron indicios de invasiones promovidas, presuntamente, por redes dedicadas al tráfico de tierras. Este problema, que se repite en varias regiones del país, vuelve a evidenciar la presión sobre espacios públicos sin uso inmediato.
En total, se revisaron cerca de 48 hectáreas, donde se detectaron asentamientos irregulares en predios estatales. Frente a esta situación, las autoridades colocaron letreros para dejar en claro la titularidad pública de los terrenos y evitar que más personas sean engañadas o incentivadas a ocuparlos de manera ilegal. Esta medida busca frenar nuevas invasiones y reforzar el control territorial en la zona.
Además, se realizaron inspecciones sorpresa en al menos 10 predios adicionales. En estos espacios también se hallaron ocupaciones sin autorización, lo que podría configurar delitos de usurpación agravada. A partir de estos hallazgos, se vienen preparando acciones legales contra quienes resulten responsables, en un intento por recuperar los terrenos y sancionar estas prácticas.
Las diligencias contaron con respaldo legal, lo que permite dar mayor peso a las intervenciones y avanzar con las denuncias correspondientes. Este tipo de operativos no solo busca retirar a los ocupantes ilegales, sino también enviar un mensaje claro frente al crecimiento del tráfico de tierras, una actividad que suele aprovechar la desinformación de la población.
