El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra cuatro personas investigadas por su presunta participación en un robo agravado que tuvo como objetivo apoderarse de armamento de la Policía Nacional del Perú. La medida fue obtenida por el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jacobo Hunter, tras presentar diversos elementos de convicción que vincularían a los imputados con los hechos ocurridos el pasado 1 de julio.
De acuerdo con la investigación fiscal, los presuntos implicados habrían puesto en marcha un plan para atraer a un patrullero de la comisaría de Andrés Avelino Cáceres mediante una falsa alerta por un supuesto caso de violación sexual. Una vez que la unidad policial llegó a una zona descampada, el suboficial investigado habría facilitado el ataque simulando ser la víctima del hecho, mientras los otros involucrados reducían por la fuerza al efectivo que lo acompañaba para concretar el robo.
Tras controlar la situación, los investigados habrían sustraído un fusil AKM, dos pistolas Pietro Beretta, municiones y objetos personales del agente agraviado. Posteriormente, escaparon del lugar a pie y abordaron un vehículo que, según las pesquisas, los esperaba a pocas cuadras para facilitar su huida. Entre los procesados figura un suboficial de la PNP junto a tres civiles, quienes ahora afrontarán la investigación bajo la medida de prisión preventiva.
Para sustentar el pedido fiscal, el Ministerio Público presentó las declaraciones del policía agraviado y de testigos, además de los resultados de las pericias, la inspección técnico-policial y el análisis de imágenes captadas por cámaras de seguridad. Asimismo, durante las diligencias se ejecutaron allanamientos en inmuebles ubicados en los distritos de Cerro Colorado y Jacobo Hunter, así como intervenciones en ambientes de la comisaría involucrada, donde se recopilaron nuevos elementos para la investigación.
Peritaje
Como resultado de las acciones coordinadas entre la Fiscalía y la Policía Nacional, el armamento robado fue recuperado en su totalidad y quedó a disposición de los especialistas de criminalística para los peritajes correspondientes. En los próximos meses, el Ministerio Público continuará con diligencias como el levantamiento del secreto de las comunicaciones, la geolocalización de equipos celulares y la toma de nuevas declaraciones, con el propósito de determinar el grado de participación de cada uno de los investigados y fortalecer el proceso penal.
