Irregularidades en la obra de planta de tratamiento de La Joya generó perjuicio de más de S/15 millones al GRA

La obra se encuentra inoperativa debido a un mal diseño y construcción deficiente, lo que generó la pérdida total de la inversión inicial al GRA.

La Contraloría General de la República ha identificado un perjuicio económico de S/ 15,649,416 al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) debido a irregularidades y deficiencias en la obra de la planta de tratamiento de agua potable y plantas de tratamiento de aguas residuales en el distrito de La Joya, provincia y departamento de Arequipa.

Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 057-2023-2-5334-AC, el GRA dilató la aprobación del expediente técnico adicional para la reubicación de la planta de tratamiento de agua potable, permitiendo ampliaciones de plazo que favorecieron a la contratista. Además, la Procuraduría Pública del GRA no defendió eficientemente el proceso arbitral, resultando en un laudo favorable a la empresa constructora.

La obra de las cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales, parte del proyecto integral, se encuentra inoperativa debido a un mal diseño. Así como una construcción deficiente, lo que generó la pérdida total de la inversión inicial. La planta de agua potable también presenta deficiencias, y el proyecto. La obra se comenzó en abril de 2014 con un presupuesto de S/ 59,897,176, tuvo un costo final de S/ 67,769,015 y culminó en septiembre de 2018, excediendo el plazo inicial del GRA.

El perjuicio económico incluye la pérdida total de la inversión, inaplicación de penalidades. Además de pagos indebidos por ampliaciones de plazo, pérdida en la inversión del lecho de secado, y falta de amortización del adelanto de materiales.

La Contraloría ha identificado presunta responsabilidad penal en ocho exfuncionarios y exservidores de la gestión regional 2014-2018, así como en la actual procuradora del GRA. El informe ha sido notificado al Gobernador regional. Recomendando a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción que adopte acciones penales contra los presuntos responsables.

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