Miles de familias de la provincia de Islay se verán afectadas por una restricción temporal del servicio de agua potable que se extenderá de manera sectorizada hasta el próximo 6 de junio. Ante esta situación, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) solicitó a Sedapar adoptar medidas inmediatas para garantizar el acceso al recurso mediante mecanismos alternativos y minimizar el impacto en la población.
La medida alcanza a 18,577 conexiones activas distribuidas en las localidades de Mollendo, Matarani, Mejía, La Curva, El Arenal, Cocachacra y Punta de Bombón. Según la información proporcionada por las autoridades, la restricción responde a trabajos de limpieza, mantenimiento y mejoramiento de infraestructura que se ejecutan en el Canal de Derivación, una fuente clave para el abastecimiento de las plantas de tratamiento que suministran agua potable a la zona sur de Arequipa.
Debido a que la interrupción supera ampliamente las 18 horas establecidas por la normativa vigente, Sunass recordó que Sedapar tiene la obligación de garantizar el suministro alternativo mediante camiones cisterna u otros mecanismos que permitan atender las necesidades básicas de la población. Además, el organismo regulador indicó que la empresa debe priorizar la atención de sectores vulnerables, especialmente aquellos ubicados en zonas altas o con mayores dificultades de acceso al servicio.
Por otro lado, el ente supervisor enfatizó que la población debe recibir información clara y oportuna sobre los horarios de restricción, los sectores afectados y las acciones implementadas para enfrentar la contingencia. Una adecuada comunicación resulta fundamental para que las familias puedan organizar el almacenamiento y uso responsable del agua durante los días que dure la emergencia temporal.
Mientras continúan los trabajos de mantenimiento en la infraestructura hidráulica, Sunass mantendrá el seguimiento de las acciones adoptadas por Sedapar para verificar el cumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, advirtió que el incumplimiento de las medidas relacionadas con el abastecimiento alternativo o la información a los usuarios podría derivar en procedimientos administrativos y eventuales sanciones conforme a la normativa del sector.
