La medida, que comenzará a medianoche del 4 de febrero, afectará a todos los penales del país y surge tras el rechazo unánime de los trabajadores a la creación de la SUNIR, una institución que según ellos no soluciona los problemas estructurales del INPE y podría generar burocracia innecesaria, desplazar personal especializado y duplicar funciones sin mejorar la seguridad ni el tratamiento penitenciario.
Además, los trabajadores denuncian que el Ejecutivo busca desmantelar al INPE y reemplazarlo por esta nueva entidad, lo que consideran un retroceso peligroso, improvisado y que amenaza la especialización profesional dentro del sistema. Señalan que la militarización y policialización del sistema no solo desnaturaliza la labor civil y técnica del personal, sino que aumenta el riesgo de conflictos internos y violaciones de derechos en los penales.
Entre sus demandas, los trabajadores exigen respeto a la dignidad de los servidores penitenciarios, la creación de una ley orgánica debatida técnicamente con participación de los empleados, y el cese del blindaje político a la Policía Nacional, que según denuncian ha permitido infiltraciones criminales y debilitado la seguridad ciudadana. Señalan que continuar debilitando al INPE pone en riesgo la custodia, el tratamiento penitenciario y la seguridad interna de los establecimientos.
Los representantes del SINTPE advierten que la reforma propuesta no representa un cambio real y que la historia juzgará a quienes priorizaron el interés político por encima de la seguridad y la profesionalización del sistema. Llaman al diálogo, la inversión y la reestructuración profunda para garantizar un sistema penitenciario seguro, técnico y respetuoso de los derechos, lejos de imposiciones, militarización y decisiones improvisadas.
