El Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley para asegurar el cumplimiento de pago de obligaciones del Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo (FEPC). Este presupuesto tiene la finalidad de reforzar su capacidad financiera para continuar con las operaciones de la empresa, indicó este lunes el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Ante el impago en la deuda que tiene el MEF con los mayoristas proveedores de derivados, asumida a través del FEPC. El proyecto de ley aprobado, que será remitido al Congreso, propone autorizar la incorporación de recursos en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2022 vía crédito suplementario, hasta por S/ 1 643 870 000, a favor del Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Este aporte busca respaldar a la empresa estatal, cuya adecuada operatividad es fundamental para garantizar el abastecimiento de combustibles y evitar el incremento de precios, dos aspectos esenciales que impactan en la economía de la población, especialmente la de menores recursos.
Considerando la importancia de Petroperú con una participación de 50 % del combustible en el mercado, el MEF señaló que Petroperú es una empresa pública estratégica del Estado peruano. La empresa importadora de combustible atiende a un mercado importante a nivel nacional con abastecimiento y distribución de combustible, llegando a zonas del país donde hay escasa o nula presencia privada.
Agregó que esta iniciativa se enmarca en el Plan Impulso Perú, a fin de minimizar el impacto de la volatilidad de precios de combustibles sobre la población vulnerable mediante el fondo de estabilización, para lo cual se había previsto la aprobación de una propuesta legislativa que posibilite el pago de las obligaciones generadas a través del FEPC, para asegurar la continuidad de su operatividad, dado el contexto de volatilidad a nivel mundial.
Mecanismo para mitigar los precios de los combustibles
Cabe señalar que el Gobierno implementó medidas a través del FEPC para mitigar el incremento del precio al consumidor de los combustibles locales usados por familias de bajos ingresos. Mediante el Decreto Supremo N° 011-2022-EM se dispuso extender dicha medida hasta el 31 de diciembre de 2022.
Como resultado del impacto que viene generando la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la volatilidad de los precios de los combustibles ha experimentado una mayor variación de lo previsto, impactando en el alza de precios de los alimentos, retracción de la demanda agregada y la desaceleración de la economía, entre otros perjuicios relacionados al equilibrio macroeconómico.
