La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dio un paso clave en el análisis de responsabilidades políticas al admitir a trámite una denuncia constitucional contra la expresidenta Dina Boluarte y el exministro del Interior Juan José Santiváñez. La medida fue aprobada por mayoría tras evaluar un informe técnico que concluyó que existen elementos suficientes para investigar un presunto caso de encubrimiento personal.
Otras denuncias
La denuncia, presentada por la exfiscal de la Nación Delia Espinoza Valenzuela, sostiene que la exmandataria habría facilitado la fuga del líder político Vladimir Cerrón en febrero de 2024, utilizando un vehículo oficial. Asimismo, se señala que el entonces titular del Interior no habría informado oportunamente sobre estos hechos, pese a tener conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones. Con ocho votos a favor, el grupo parlamentario consideró que el caso cumple los requisitos para continuar su investigación.
Mientras tanto, la subcomisión también evaluó otras denuncias, pero decidió archivarlas por falta de sustento. Entre ellas, destaca la denuncia que presentó el expresidente Pedro Castillo contra varios congresistas; sin embargo, la subcomisión la declaró improcedente tras determinar que los hechos señalados corresponden al ejercicio regular de funciones parlamentarias, como votaciones y decisiones políticas respaldadas por instancias judiciales.
En la misma línea, otras dos denuncias dirigidas contra el jefe de la Oficina de Normalización Previsional también fueron rechazadas. Según los informes técnicos, estos casos no cumplían con los requisitos formales ni acreditaban de manera clara la existencia de una infracción constitucional o delito, por lo que no procedía su trámite dentro del Congreso.
La subcomisión acordó derivar diversas denuncias a distintos congresistas para su evaluación. Entre ellas, se incluyen casos vinculados a presuntos actos de corrupción y omisión de funciones, lo que evidencia que el grupo continúa avanzando en el análisis de responsabilidades de altos funcionarios. Con estas decisiones, el Congreso mantiene activo el filtro político y legal sobre las denuncias constitucionales, priorizando aquellas que presentan indicios sólidos.
