El tercer despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata ha conseguido una orden de prisión preventiva por siete meses para los ciudadanos extranjeros un varón, de 36 años, y una mujer de 32 años. Ambos son investigados por el delito de extorsión bajo la modalidad de los «préstamos gota a gota», en perjuicio de un taxista local.
Durante la audiencia, el fiscal provincial Luis Guillermo Vera Oviedo presentó pruebas que indicaban que los imputados facilitaron un préstamo de 3 mil soles al agraviado, con la condición de pagarlo en 24 cuotas diarias. Sin embargo, cuando el taxista experimentó una demora en los pagos, los acusados comenzaron a amenazarlo de muerte a él y a su familia, tanto por teléfono como en su domicilio.
Tras la denuncia del taxista, la policía de secuestros y extorsiones organizó un operativo en las cercanías del óvalo La Apacheta. Lugar donde se realizaban los pagos. En dicho operativo, lograron intervenir a los investigados, quienes coincidían con las descripciones proporcionadas por el denunciante.
Posteriormente, se llevó a cabo la verificación de los equipos celulares de los acusados. Así como un reconocimiento en rueda, durante el cual la víctima identificó claramente a los responsables de las amenazas. Estas diligencias fueron fundamentales para que la Fiscalía sustentara el pedido de prisión preventiva ante el Juzgado de Investigación Preparatoria.
Traslado al penal
El fiscal a cargo del caso ha dispuesto la formalización y continuación de la investigación preparatoria contra los dos extranjeros. Las autoridades trasladaron a los extranjeros al penal de Socabaya. Este proceso tiene como objetivo reunir pruebas adicionales para asegurar una condena ejemplar y para identificar a otras posibles víctimas de esta modalidad de extorsión.
Según la normativa vigente, el delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión conlleva una pena entre los diez y quince años de cárcel. Este caso refleja el compromiso de las autoridades en la lucha contra la delincuencia y en la protección de los ciudadanos frente a prácticas ilegales.
