El Dr. César de la Cuba Chirinos, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJAR), está liderando las gestiones para la puesta en marcha de la Unidad de Flagrancia el próximo 13 de mayo. Como parte de este proceso, se ha suscrito un convenio con el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) para la instalación de 10 módulos prefabricados en la nueva sede judicial, donde operará esta unidad de manera coordinada con todos los actores de la justicia, incluyendo el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y Defensa Pública.
En su compromiso por hacer realidad este proyecto, el Dr. De la Cuba Chirinos se reunió con el presidente de la Junta de Fiscales, Dr. Ciro Alejo Manzano, quien, a pesar de las limitaciones presupuestarias, mostró disposición para colaborar en el funcionamiento de la Unidad de Flagrancia en Arequipa. Además, se exploraron estrategias para optimizar los recursos disponibles y garantizar una respuesta efectiva ante los delitos en flagrancia.
Asimismo, sostuvo una reunión con el Jefe de la IX Región Policial, Gral. Colín Sin Galván, quien respaldó plenamente esta iniciativa destinada a combatir la delincuencia en la región. Se acordó fortalecer la coordinación entre la policía y el sistema judicial para mejorar la respuesta ante situaciones de flagrancia y garantizar la seguridad ciudadana.
Por otro lado, se obtuvo el respaldo de la Dirección Distrital de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de la Dra. Elena Villegas Portilla, asegurando así el derecho a la defensa de los ciudadanos involucrados en los procesos judiciales. Esto incluye la implementación de medidas para brindar una defensa efectiva y garantizar el debido proceso.
Resolución de procesos
Estas gestiones buscan poner en funcionamiento una unidad especializada de justicia que permitirá agilizar la resolución de procesos penales en menos de 72 horas. Esto contribuye a combatir delitos contra el patrimonio y otros que generan preocupación en la sociedad arequipeña. Además, se espera mejorar la percepción de seguridad y fortalecer la confianza en el sistema judicial.
