La Fiscalía inició una investigación preliminar por el presunto delito de extorsión contra dirigentes del sector de construcción civil, luego de los actos de violencia registrados en las obras del nuevo local del Poder Judicial, ubicadas en el sector Semi Rural Pachacútec, en el distrito de Cerro Colorado. La medida fue adoptada de oficio por el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, que dispuso un plazo de 60 días para el desarrollo de las diligencias.
Como parte de la investigación, el Ministerio Público encargó las acciones al Área de Investigación Criminal de Asuntos Sociales de la Policía Nacional del Perú. Entre las diligencias ordenadas figura el análisis de videos obtenidos de distintas fuentes y la recopilación de otros elementos que permitan esclarecer lo ocurrido. Horas después del inicio de las pesquisas, representantes de la empresa responsable de la obra presentaron una denuncia en la que señalaron haber recibido llamadas telefónicas exigiendo la contratación de trabajadores para el proyecto.
A partir de esa denuncia, la Policía intervino y detuvo en flagrancia a dos dirigentes sindicales, cuya situación legal será definida en las próximas horas. El fiscal provincial Antonio Chacón Roselló explicó que, en esta etapa, la labor del Ministerio Público consiste en verificar la legalidad de la detención y determinar si existen elementos suficientes para sustentar la presunta comisión del delito denunciado. Asimismo, precisó que las investigaciones se mantienen bajo reserva para proteger a los denunciantes y a los posibles testigos. De comprobarse el delito de extorsión agravada, la legislación peruana contempla penas de entre 15 y 20 años de prisión.
Protesta
En paralelo, la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito exhortó a los dirigentes del sindicato de construcción civil y a los manifestantes a ejercer su derecho a la protesta respetando el marco legal vigente, advirtiendo las consecuencias penales de incurrir en delitos como disturbios, afectación de servicios públicos o ataques contra infraestructura. Además, la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo abrió una investigación preliminar por la presunta agresión sufrida por una periodista durante las protestas registradas el último lunes en Cerro Colorado, con el propósito de identificar a los responsables.
