Oficina Nacional de Procesos Electorales reforzó en los últimos años su estrategia para llevar el proceso electoral hasta las localidades más alejadas del país. A través de las llamadas mesas de sufragio de la serie 900000, el organismo logró que miles de ciudadanos de comunidades rurales, centros poblados y zonas amazónicas puedan votar sin realizar extensos y costosos viajes hacia las capitales de distrito. La medida, aplicada desde 2006, nació como una respuesta al alto ausentismo registrado en sectores donde trasladarse a un local electoral podía resultar más caro que pagar una multa por no sufragar.
Con el paso de los años, esta modalidad creció de manera sostenida. Para las Elecciones Generales de 2026 se proyecta el funcionamiento de 4,700 mesas especiales distribuidas en 1,937 localidades del país, beneficiando a más de 1.1 millones de electores. El avance refleja un incremento significativo si se compara con las primeras experiencias implementadas hace dos décadas, cuando apenas funcionaban 449 mesas para poco más de 100 mil votantes. De esta manera, la ONPE busca garantizar que el derecho al voto también llegue a las poblaciones que viven en condiciones de pobreza y con limitado acceso al transporte.
La instalación de estas mesas responde a criterios técnicos y sociales. El organismo electoral evalúa factores como la distancia entre comunidades, la cantidad de ciudadanos habilitados para sufragar y las dificultades geográficas que enfrentan los pobladores para movilizarse. Además, coordina con entidades públicas, autoridades locales y representantes comunales antes de aprobar cada punto de votación. Incluso, los propios ciudadanos pueden solicitar formalmente la creación de una mesa electoral cuando consideran que las condiciones de traslado afectan su participación en los comicios.
Uno de los casos más representativos ocurrió en comunidades indígenas de Loreto, donde habitantes de los pueblos chapra, shawi, urarinas y kukamas debían navegar hasta 12 horas por río para llegar a sus centros de votación. Frente a esta situación, la ONPE coordinó con las autoridades locales la instalación de mesas en las propias comunidades amazónicas, permitiendo que más de 2,000 personas ejerzan su derecho al sufragio sin abandonar sus territorios ni asumir elevados gastos de traslado.
